Seis años después, y luego de escuchar al ministro de Cultura, Salvador del Solar, ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Parlamento, podemos decir que ya no hay marcha atrás, que la consulta previa se ha consolidado, y que incluso ahora comienza su expansión a otros sectores productivos.

Del Solar ha dicho que en lo que va del Gobierno se han desarrollado 10 consultas previas en seis regiones y nueve provincias, donde habrían participado más de 23 pueblos indígenas, pero lo más importante es que 34 procesos de consulta se concluyeron de manera impecable, con acuerdos entre las partes.

Como país, hay que congratularnos de que este derecho, en medio de las marchas y contramarchas, está echando raíces como un mecanismo democrático, participativo, civilizado, en el que el Estado y las comunidades dialogan, al margen de las empresas, para alcanzar acuerdos, sin necesidad de recurrir a la violencia, pero también porque de ese modo estamos empoderando a estos pueblos, para que se escuche su voz y sus necesidades sean satisfechas.

Como precisó el ministro, la consulta previa es un mecanismo para generar confianza en la población indígena y demostrarle que el Estado la respeta, así como para garantizar estabilidad a las grandes inversiones que necesita la nación.

El Perú tiene una de las poblaciones indígenas más grandes de América del Sur, unos cuatro millones de habitantes, de acuerdo con el censo poblacional del INEI del 2007, pero este colectivo también es uno de los más excluidos en términos políticos, culturales y económicos, y largamente postergados en el reconocimiento de sus derechos como grupo.

Para tener una idea, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que consagra el derecho a la consulta previa, se incluyó en la Constitución en 1994, pero recién en el 2011, diecisiete años después, fue aprobado mediante la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios (Nº 29785), y empezó su implementación por el Ministerio de Cultura.

El Perú tiene una deuda con las comunidades nativas que se empieza a pagar. Este año se realizará en nuestro país el censo de población y vivienda, que incluirá por primera vez una pregunta de autocalificación étnica –el del 2007 solo se refería a la lengua de origen–, lo que contribuirá de mejor manera a conocer a este grupo social, sus necesidades y demandas, a fin de establecer políticas de Estado que aporten a su desarrollo y los libere de la postergación y la pobreza en que han vivido hasta ahora.

Este derecho está echando raíces como un mecanismo democrático, participativo, civilizado, en el que el Estado y las comunidades dialogan, al margen de las empresas, para alcanzar acuerdos.

Fuente: El Peruano