En América Latina y el Caribe existe una población de más de 23 millones de mujeres indígenas que pertenecen a más de 670 pueblos, un grupo que sigue estando en situación desigual con el resto de la población y al interior de sus comunidades, según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

México y Perú serían los países con mayor población indígena, con 8,7 y 3,3 millones de mujeres indígenas, respectivamente. Le siguen Colombia, el Brasil y el Ecuador, con una población de mujeres indígenas de entre 700.000 y 400.000; Nicaragua y Panamá tienen alrededor de 200.000 y el Uruguay y Costa Rica menos de 100.000.

Entre los problemas que las aquejan a esta población están la permanencia en el sistema educativo, la migración, la baja participación en el mercado laboral, dificultades para el acceso a espacios políticos, entre otros.

Educación

Las estadísticas de CEPAL muestran que más del 90% de los niños y las niñas indígenas de entre 6 y 11 años van a la escuela, pero menos de un 15% de las niñas entre 20 y 29% terminaron la educación secundaria. Además, en ocasiones no se respeta el idioma original, que se pierde durante la etapa escolar.

En el caso de niñas y jóvenes indígenas de 12 a 17 años, en la mayoría de los países estos asisten a la escuela; tal es el caso de Nicaragua, Panamá, el Ecuador, Costa Rica, México y el Brasil. En Colombia esta situación alcanza a seis de cada 10 adolescentes, y en el Perú y el Uruguay, ocho de cada 10 niñas de este grupo etario y con esta condición étnica están escolarizadas.

Sin embargo, en todos los países se registran diferencias entre las niñas indígenas y las no indígenas, con la excepción de Nicaragua y el Perú; las mayores desigualdades al respecto se experimentan en Colombia, Panamá y el Brasil.

Si bien los avances legislativos en materia de reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, junto con los esfuerzos generales de los países por incrementar la educación en América Latina, principalmente en el nivel primario, parecen haber contribuido significativamente a que una mayor proporción de niños y niñas indígenas ingrese al sistema escolar; se observa que las desigualdades étnicas, generacionales y de género aún persisten en muchos países.

Migración

La migración es otro de los factores que también afecta a las mujeres indígenas. Diversos estudios han puesto de manifiesto que las razones de la migración de la población indígena desde sus territorios de origen se relacionan con aspectos socioeconómicos de nivel global derivados de las desventajosas condiciones de vida que afectan a la ruralidad latinoamericana, agravadas por los efectos de las crisis económicas, las políticas gubernamentales de abandono de las áreas rurales y de los grupos sociales que las habitan.

Dentro de estos, los pueblos indígenas son los más vulnerados y sobre ellos cae todo el peso de los factores estructurales: “El avance del modelo exportador agrícola dejó a la población rural indígena sin los derechos básicos de la tierra y de la producción de sus propios alimentos […] por la falta de una distribución justa de la tierra y de la restitución de territorios indígenas, que deja a las comunidades directamente expuestas a las situaciones de migración”, según un estudio de UNIFEM.

Asimismo, durante las últimas dos décadas del siglo XX, a partir de la consolidación de las economías de mercado y las profundas transformaciones estructurales de los Estados, las tierras indígenas nuevamente han sido afectadas por el creciente avance de proyectos de desarrollo, como represas, autopistas, puentes, extracción minera, explotación maderera a gran escala, exploración y extracción de petróleo, entre otros.

Mercado laboral

La inserción laboral de las mujeres indígenas en los diferentes sectores de la economía tiene importantes divergencias respecto de la de los hombres, con diferencias más acentuadas que aquellas atribuibles a su condición étnica. Mientras que los varones tienen una participación relativamente equilibrada en los sectores primario, secundario y terciario de la economía, las mujeres, tanto las indígenas como las no indígenas, están principalmente ocupadas en el sector terciario, que incluye sobre todo las actividades de comercio y servicios.
Con la excepción de las del Ecuador y el Perú, la mayoría de las mujeres indígenas insertas en el mercado laboral son asalariadas, muy probablemente en empleos precarios. Estos resultados impactan negativamente en la identidad cultural de los pueblos y mujeres indígenas, y no necesariamente mejoran su bienestar, ya que estos trabajos no están exentos de largas jornadas laborales, magras remuneraciones y prácticamente la ausencia de cobertura en materia de seguridad social.

Participación política

En las últimas décadas las mujeres tuvieron un rol muy activo en el fortalecimiento de las organizaciones políticas y sociales indígenas, asumiendo responsabilidades y espacios claves en espacios sociales y políticos, demandando respeto para ellas y para sus pueblos, transformando las agendas, incorporando nuevos conceptos y cuestionando otros. Esto posibilitó la visibilización de la multiplicidad de voces, posturas, y situaciones que atraviesan sus vidas, transformando el concepto de las mujeres indígenas como entidad homogénea, aislada de contextos históricos, políticos y sociales.

Numerosos estudios evidencian el crecimiento en el liderazgo de mujeres indígenas, vinculado con el acceso a procesos de educación formal, la gestión de proyectos, la participación en organizaciones de mujeres y en ámbitos de representación política nacional e internacional, con énfasis en demandas de redistribución y reconocimiento.

La participación en los circuitos formales de la política nacional, se ha visto favorecida por las leyes de cuotas o cupos para mujeres que existen en 12 países de la región. Pero en la mayoría de los casos eso no es suficiente para asegurar que las mujeres indígenas accedan a puestos políticos.

En este marco, y en este Día Internacional de la Mujer Indígena, el FILAC hace un llamado a los gobiernos, las organizaciones sociales e indígenas, la cooperación internacional, la Academia y a la población en general a sumar esfuerzos para impulsar políticas publicar en favor de este sector y erradicar toda práctica de discriminación y opresión.