El proyecto de ley de minería presentado por el Gobierno de Ecuador ha provocado una respuesta inmediata del movimiento indígena, que alerta de un grave debilitamiento de las garantías ambientales y de los derechos colectivos.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas considera que la iniciativa consolida un modelo económico extractivo que pone en riesgo territorios, ecosistemas estratégicos y la convivencia social, en un contexto de alta tensión política y ambiental.
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