El relator Especial llamó a los Estados a proceder a la titulación, restitución y saneamiento de las tierras indígenas. “para evitar conflictos, los gobiernos están obligados a consultar a los pueblos”, dijo.
Los conflictos por la tierra son uno de los principales problemas de los Pueblos Indígenas del Abya Yala, dijo esta mañana el relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Francisco Cali.
También llamó la atención de las autoridades de los 22 países miembros del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el caribe (FILAC) sobre “una plaga” que se extiende por el continente, que es el “elevado número de víctimas mortales entre los indígenas defensores de su derecho a la tierra y territorio. Por ello instó a los gobiernos a no dejar impunes estos asesinatos.
Cali ofreció una breve disertación en la primera parte del II Encuentro de Altas Autoridades de Iberoamérica con Pueblos Indígenas: Avances y Desafíos para la implementación del Plan de Acción rumbo a la primera evaluación de 2022, celebrada la mañana de este miércoles.
En su intervención expuso lo que a su juicio se constituyen en los principales problemas de la región en esta materia.
Además de la vulneración del derecho a la tierra y el territorio, reconocidos por la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007, el relator hizo un repaso a otros derechos que son total o parcialmente desconocidos por los Estados de Iberoamérica, como el derecho a la autodeterminación y al autogobierno.
La Declaración de Nueva York establece un marco universal de estándares mínimos para garantizar la dignidad y el bienestar de los Pueblos Indígenas a través del reconocimiento y goce efectivo de sus derechos individuales y colectivos referidos a la tierra, identidad cultural, la educación, el empleo y el idioma.
“La protección efectiva de los derechos de los Pueblos Indígenas puede lograrse solo a través de la adopción de los Estados del derecho internacional; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas constituye el estándar mínimo”, recalcó Cali, un indígena maya con cuatro décadas de trayectoria en la defensa de los derechos indígenas.
Del derecho a la libre autodeterminación se desprenden –sostuvo–el ejercicio pleno de los otros derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas reconocidos por Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo como el derecho de gobierno, el derecho al territorio, a la consulta libre, previa e informada, entre otros
“Los conflictos por el control de la tierra son uno de los principales problemas a los que se enfrenta la gente de Abya Yala. Según lo establecido en el derecho internacional, los Pueblos Indígenas poseen el derecho de propiedad comunal sobre la tierra y los recursos que han utilizado y ocupado históricamente”.
Sin embargo, este derecho, reconocido en los papeles, es desconocido a menudo en buena parte de la región.
Para ajustarse al derecho internacional corresponde que los Estados procedan a la titulación, restitución y saneamiento de las tierras indígenas, recomendó el relator.
También destacó la importancia de que los Estados adopten una ley de consulta indígena conforme a los estándares establecidos en la Declaración de la ONU y el convenio 169 de la OIT, que mencionan que el derecho a la tierra debe ir acompañado del reconocimiento del control efectivo sobre el uso de los recursos naturales.
“Para evitar conflictos, los gobiernos están obligados a consultar a los Pueblos Indígenas antes de cualquier proyecto de desarrollo que afecte sus tierras y recursos e incluso, más ampliamente, sobre cualquier decisión que afecte directamente a los Pueblos Indígenas y su libre determinación”.
Esta recomendación también es aplicable a los proyectos de conservación ambiental y creación de áreas protegidas
“Uno de los retos de los próximos años para los Estados es promover acciones y políticas para mitigar los efectos negativos del cambio climático”. Los programas de conservación promovidos en los territorios indígenas deben fortalecer la autonomía indígena y respetar el derecho al consentimiento previo, libre e informado, recalcó.
