Consultiva Indígena evalúa avances y desafíos del Plan de Acción Iberoamericano

26 de marzo de 2026

SANTA MARTA, COLOMBIA, Mar 25 (FILAC) – Los avances del Plan de Acción de Iberoamérica para la Implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas han contribuido a posicionar la agenda de los Pueblos Indígenas en el diálogo regional; sin embargo, persisten brechas estructurales en la garantía efectiva de derechos, el acceso a financiamiento directo y el fortalecimiento de los sistemas de Gobierno Propio, aspectos clave para enfrentar los desafíos actuales.

Esta fue una de las principales conclusiones de la Reunión de la Consultiva Indígena del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe – FILAC, que reunió a delegadas y delegados de 16 países de América Latina, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

El encuentro se desarrolló en Santa Marta, Colombia, como parte del proceso preparatorio hacia la Reunión Oficial Iberoamericana: Encuentro de Altas Autoridades de Gobiernos y Pueblos Indígenas, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

El Plan de Acción de Iberoamérica, impulsado por el FILAC y respaldado por los Estados en la XXVI Cumbre Iberoamericana (Antigua Guatemala, 2018), constituye un instrumento regional orientado a promover la implementación efectiva de los Derechos de los Pueblos Indígenas, mediante una agenda coordinada entre gobiernos, pueblos indígenas y organismos internacionales

Principales riesgos y recomendaciones

Durante el encuentro, la Primera Vicepresidenta del FILAC, Myrna Cunningham, señaló que los principales riesgos, según mencionaron los participantes de la reunión, están relacionados con la aplicación efectiva de los Derechos de los Pueblos Indígenas, tanto en el ámbito internacional como en los contextos nacionales.

Asimismo, advirtió sobre los impactos de los conflictos armados, la persistencia de la violencia y los desafíos asociados a las nuevas tecnologías.

“Las recomendaciones tienen que ver con enfoques que debemos continuar promoviendo, entre ellos el fortalecimiento territorial y las relaciones internacionales”, dijo Cunningham.

Durante el encuentro, se destacó el papel protagónico de las juventudes indígenas y la necesidad de fortalecer el trabajo intergeneracional con los mayores, como base para la continuidad de los procesos organizativos y culturales. Asimismo, el acceso a financiamiento directo se consolidó como una prioridad, reconociendo que, aunque en la última década los Pueblos Indígenas han impulsado mecanismos propios y ganado espacios en instancias internacionales, aún persisten limitaciones estructurales.

En este contexto, Darío Mejía Montalvo, Secretario Técnico de FILAC, señaló que una de las principales líneas de acción es profundizar los procesos de formación, orientados a fortalecer la conciencia política, las memorias colectivas y el reconocimiento de los sistemas propios de conocimiento y educación, en el marco del derecho a la libre determinación.

Asimismo, subrayó la importancia de ampliar el diálogo con las cortes de justicia a nivel regional y nacional, y advirtió que algunos mecanismos de financiamiento climático, particularmente aquellos basados en enfoques de conservación, pueden afectar la libre determinación y los procesos organizativos en diversos territorios.

Finalmente, se reafirmó que el fortalecimiento de los Gobiernos Propios, el acceso a financiamiento directo y el desarrollo de capacidades dependen tanto de la voluntad política de los Estados como del nivel de apropiación por parte de los propios Pueblos Indígenas.

En este sentido, el balance del encuentro evidencia avances en articulación regional e incidencia política, pero también la necesidad de consolidar una agenda de los Pueblos Indígenas con enfoque propio, sustentada en compromisos efectivos y acciones concretas.

El encuentro cuenta con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana – SEGIB, la Union Europea, el Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis – INVEMAR, la Alcaldía de Santa Marta, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF, Tenure Facility y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID.

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