El gobernador indígena Eutimio Valencia Duave fue encontrado sin vida este martes 10 de marzo, luego de haber sido reportado como desaparecido días atrás en el departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano. La noticia fue confirmada por la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá Dóbida, Katío, Chamí y Tule del Chocó (Orewa), que expresó su consternación por la muerte del líder indígena.

Valencia Duave, quien era autoridad de la comunidad indígena Alto Tarena, en el municipio de Tadó, había sido reportado como desaparecido el sábado 7 de marzo. La asociación Orewa alertó que el gobernador fue interceptado por tres hombres armados en una vía que conduce a Tadó.

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La inscripción oficial de la candidatura presidencial del senador Iván Cepeda ante la Registraduría Nacional del Estado Civil contó con la presencia de líderes sociales, congresistas y miembros de la guardia indígena, que acompañaron el acto en respaldo a la fórmula que integrará la senadora Aida Quilcué como aspirante a la Vicepresidencia.

El anuncio de la fórmula se realizó el lunes 9 de marzo por todas las redes sociales y dos días después, el 11 de marzo, ambos dirigentes formalizaron el registro de su aspiración electoral ante la organización que dirige Hernán Penagos.

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Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.

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NUEVA YORK, Mar 11 (FILAC). – En la sede de la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, se llevó a cabo el evento paralelo “Acceso a la justicia sin violencias para mujeres indígenas: el Sistema de Monitoreo de la Recomendación General N.º 39 como motor de sistemas jurídicos inclusivos”, en el marco de la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer – CSW70.

El encuentro reunió a representantes de Gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de mujeres indígenas para dialogar sobre los avances y desafíos en el acceso efectivo a la justicia para las mujeres indígenas, así como los mecanismos necesarios para erradicar las múltiples formas de violencia que enfrentan.

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13El acceso a la justicia es un derecho fundamental. Sin embargo, para muchas mujeres en América Latina ejercerlo sigue siendo una tarea difícil. No se debe a la falta de leyes, sino a barreras cotidianas y silenciosas, entre ellas la ausencia de servicios de cuidado. Guarderías inexistentes o inaccesibles, falta de apoyo para personas mayores o con discapacidad y redes comunitarias con recursos limitados hacen que denunciar violencia o sostener un proceso judicial sea, para muchas mujeres, casi imposible.

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El Senado brasileño está debatiendo la regulación asociada a la minería en tierras indígenas, un tema rodeado de controversias en el país.

El debate es organizado por el grupo de trabajo sobre minería en tierras indígenas, creado por el Senado con carácter temporal y presidido por la senadora Tereza Cristina (PP-MS), quien propuso la audiencia pública.

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La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), en conjunto con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Universidad de Guadalajara y las secretarías de Cultura y de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, presentó la XIV convocatoria del Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA) dirigida a escritoras y escritores en lenguas originarias de todo el continente.

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El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que contribuir a custodiar el patrimonio archivístico de los pueblos originarios y afrodescendientes que da cuenta de su pasado, y apoyar la formación académica de estudiantes de estos pueblos implica reconocer que la ciencia, la tecnología y los lenguajes artísticos se cultivan en múltiples cosmovisiones y regiones.

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Entre 2015 y 2025, Honduras registró 113 asesinatos de defensores ambientalistas, y nueve de cada diez casos permanecen en la impunidad, según datos de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ). Los departamentos de Colón, Yoro y Atlántida concentran la mayor parte de estos crímenes, en territorios que han sido marcados por conflictos por la tierra y los recursos naturales. Mientras tanto, organizaciones y defensores ambientalistas denuncian la falta de avances en las investigaciones y la ausencia de protección estatal para quienes defienden el ambiente.

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Buscan fortalecer la participación comunitaria en Sololá para incidir en espacios de toma de decisión y así, proteger el lago de Atitlán, uno de los lagos más importantes de Guatemala y el continente. En este espacio juegan un papel importante las autoridades ancestrales y los vecinos de los pueblos Tz’utujil, K’iche’ y Kaqchikel de los 19 municipios al rededor del lago.

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Los integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, expresaron públicamente su respaldo a la decisión del senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro de elegir a la lideresa indígena Aída Marina Quilcué Vivas como su fórmula a la Vicepresidencia de la República para estas elecciones presidenciales.

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Las autoridades señalan que esa práctica busca prevenir el lavado de activos, pero los activistas aseguran que son medidas intimidatorias para que no denuncien la degradación ambiental

En Ecuador se registra una actuación inusual, sórdida e inquietante de bloqueo de cuentas bancarias a los defensores ambientales. Esta ‘asfixia financiera’ representa una de las fronteras más sofisticadas y preocupantes de la criminalización de la protesta en América Latina.

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