La confirmación de la muerte de al menos quince menores de edad en medio de recientes operativos militares contra las disidencias de las Farc en departamentos como Guaviare, Amazonas y Arauca encendió nuevamente las alarmas sobre la vigencia del reclutamiento forzado en Colombia y puso en entredicho la efectividad de los protocolos de distinción en la guerra, pues mientras el Gobierno Nacional buscaba una salida negociada al conflicto bajo la bandera de la Paz Total, las estructuras armadas ilegales respondieron con una expansión territorial agresiva que utiliza a la niñez como combustible para la guerra y como escudos humanos ante la ofensiva de la Fuerza Pública.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó que durante 2024 se registraron 409 casos de reclutamiento forzado, un aumento significativo frente a los 342 de 2023. Para el primer semestre de 2025, la entidad ya contabilizó 55 nuevos casos en su sistema de registro, de los cuales 35 corresponden a población indígena, lo que demuestra el impacto desproporcionado sobre los pueblos étnicos.
Fuente: El País/Más Información Aquí